La Ley de Segunda Oportunidad se presenta como un mecanismo legal para aquellas personas que se encuentran en una situación económica insostenible debido a deudas que no pueden afrontar.
Este artículo explora la fiabilidad, legalidad y alcance de esta ley, así como los requisitos y beneficios de acogerse a la misma.
Legalidad y vigencia de la ley
Aprobada en España en 2015, la Ley de Segunda Oportunidad tiene como objetivo permitir a las personas naturales, ya sean autónomos o particulares, liberarse de sus deudas cuando se encuentran en una situación económica inviable. La norma está completamente integrada en el sistema legal español y su vigencia es indiscutible.
Este mecanismo se inspiró en legislaciones similares de otros países y se ajusta a las directrices y recomendaciones de la Unión Europea sobre insolvencias. Por tanto, su legalidad y vigencia están plenamente establecidas, ofreciendo un marco seguro para quienes necesitan una «segunda oportunidad» financiera.
¿Qué se consigue con la Ley de Segunda Oportunidad?
La finalidad principal de la Ley de Segunda Oportunidad es permitir que una persona insolvente pueda exonerar las deudas que no puede pagar, siempre bajo determinadas condiciones. La ley propicia varios escenarios:
- Salir de listados de morosos:
Al cancelar tus deudas, podrás solicitar que se elimine tu nombre de los listados de morosos como ASNEF.
- Se congelan los embargos y las subidas de intereses
Mientras te encuentres en el proceso de LSO, tus acreedores no podrán subirte los intereses ni podrán embargarte tus cuentas.
- Cancelar deudas públicas:
La ley contempla una cancelaqción de deuda con Hacienda y Seguridad Social de hasta 10.000 euros con cada una respectivamente.
- Protección de la vivienda
Anteriormente, la ley no contemplaba la conservación de la vivienda habitual del deudor. Con los nuevos cambios que se realizaron en la ley concursal, el deudor puede conservar la vivienda habitual y llegar a un acuerdo de plan de pagos con los acreedores a 5 años.
- Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI):
Una vez que se demuestre que el deudor no cuenta con dinero suficiente para hacer frente a las deudas y no tiene bienes para liquidar, y si se han cumplido el resto de los requisitos, se puede solicitar el EPI, que es la cancelación de las deudas.
Motivos para acogerse a la LSO
Podemos encontrar diversos motivos por los cuales una persona puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Algunos de los principales son:
- Insolvencia permanente: cuando queda demostrado que la persona es incapaz de afrontar sus deudas y esta situación no parece que vaya a mejorar en el futuro.
- Sobreendeudamiento por circunstancias imprevistas: tales como el desempleo, divorcio o enfermedad, que han alterado gravemente la capacidad económica del deudor.
- Imposibilidad de renegociación: casos donde se han agotado otras vías de negociación o reestructuración de deudas sin éxito.
¿Quién puede acogerse a la LSO?
La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida principalmente a personas naturales, es decir, particulares y autónomos (no es aplicable a empresas o entidades jurídicas. Existen varios requisitos para acogerse, aquí te mencionamos algunos:
- Que el deudor sea de buena fe, lo que implica que haya intentado un acuerdo extrajudicial con los acreedores y que no tenga antecedentes de delitos económicos.
- Que las deudas no superen los 5 millones de euros.
- Que se haya intentado vender el patrimonio para pagar las deudas o, en su defecto, que se haya acogido al concurso consecutivo.
- Que se haya pagado, al menos, el 25% de los créditos contra la masa y el 25% de los créditos privilegiados si los hubiere.
Como conclusión podemos decir que la Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta legal fiable que ofrece a los particulares y autónomos en España una vía para liberarse de deudas de forma parcial o total y empezar de nuevo en el ámbito económico.
Su rigor legal y su estructura bien definida hacen que sea una opción cada vez más considerada por aquellos que atraviesan dificultades financieras graves. Sin embargo, es fundamental consultar con expertos en derecho concursal y financiero para evaluar cada caso en particular y proceder de la manera más adecuada.
