Abogados expertos en reclamación de trámites administrativos

Tus derechos ante una reclamación a la administración

Defender
tus derechos

Como ciudadano, tienes el derecho de presentar una reclamación ante la administración si consideras que tus derechos han sido vulnerados o si no estás conforme con una decisión o actuación administrativa.

Respuesta
efectiva

Si una respuesta de la administración no es satisfactoria, puedes recurrir a la vía judicial. La tutela judicial efectiva es un derecho que garantiza el acceso a los tribunales de justicia y la obtención de una resolución imparcial.

Confidencialidad
de datos

La administración debe proteger tus datos personales y garantizar su confidencialidad. Si se ha vulnerado este derecho, puedes presentar una reclamación y exigir la eliminación o corrección de los datos afectados.

¿Cuándo necesito un abogado experto en quejas por trámites administrativos?

Algunos de los problemas más comunes en los que se requiere la asistencia legal de un abogado especializado en este campo son:

¿Qué hay que tener en cuenta ante la tramitación de una reclamación administrativa?

Para tramitar una reclamación administrativa, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos y presentar la siguiente documentación:

Cómo te ayudamos

Desde distrito | LEGAL contamos con la experiencia necesaria para realizar cualquier trámite con la administración, por lo que, te recomendamos que:

Nuestros expertos

Preguntas frecuentes

La tramitación se comienza con la presentación de la reclamación ante la administración competente, aportando la documentación necesaria. Por lo general se puede presentar de forma online, utilizando los certificados digitales de identificación. El organismo o ministerio debe responder a la reclamación en un plazo determinado, que puede variar dependiendo del procedimiento administrativo y de la normativa aplicable. Si la respuesta de la administración no es satisfactoria, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción competente.

El plazo que tiene la administración para resolver una reclamación suele ser de tres meses. Si la administración no responde en ese plazo, se entiende que ha habido un silencio administrativo. Actualmente, hay muchos procesos demorados debido a la acumulación de expedientes.

El silencio administrativo se define como la estimación o desestimación tácita que la ley anuda al silencio de la Administración referente a la solicitud de un ciudadano en un tiempo establecido legalmente.

Puede ser positivo, donde la falta de respuesta se traduce en la aceptación de la petición realizada.

O puede ser negativo, donde se entiende que la reclamación ha sido desestimada por la administración y se abre la posibilidad de recurrir la resolución tácita mediante el recurso contencioso-administrativo.

El coste de una reclamación administrativa varía dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el objeto de la reclamación, el procedimiento administrativo correspondiente, la necesidad de asistencia jurídica, la comunidad autónoma, entre otros. 

Aquí os ponemos algunos ejemplos:

  • La presentación de documentos sencillos de carácter administrativo tiene un coste aproximado de 30 euros.
  • La intervención en procedimientos tributarios, como la presentación de declaraciones complementarias, la intervención en inspecciones fiscales, la discrepancia en valoraciones, la apelación de providencias de apremio, entre otras, tiene un coste mínimo de 300 euros.
  • Para la presentación de recursos de reclamación económico-administrativa, se debe pagar 150 euros por la notificación del recurso y 500 euros por la fase de alegaciones.
  • Para la apelación de sanciones de tráfico o administrativas, el precio puede oscilar entre 85 y 470 euros, dependiendo de la fase del proceso y de la importancia del caso.
  • La presentación de demandas contencioso-administrativas ante el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo en casos de cuantía determinada, se debe pagar 300 euros por la presentación del escrito y 640 euros por la demanda. En casos de cuantía indeterminada, el coste puede variar entre 450 y 3500 euros.

 

A todos estos casos se le puede sumar un porcentaje de la cantidad de la sanción y cuotas que se logren reducir.

¡Es necesario analizar cada caso en particular!

 

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