Trabas en la Ley de Segunda Oportunidad
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" Principales trabas que enfrentan los deudores al acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en España. Analizamos las causas, el impacto judicial. "

La Ley de Segunda Oportunidad permite que los autónomos y las personas físicas puedan eliminar un porcentaje o el total de las deudas que no pueden pagar siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos como haber actuado de buena fe, ser insolventes, no haber cometido delitos económicos, entre otros más. 

A esta ley, que fue aprobada en el año 2015, se han acogido miles de personas autónomos, en 2021 fueron 10.006; mientras en 2023, fueron 33.268 y en el primer trimestre de 2024, fueron 10.992. Sin embargo, pese a la gran acogida que tiene en particulares, persisten algunos impedimentos o trabas que no permiten que el número de empresarios que optan por acogerse sea más alto. 

Entre las trabas más frecuentes están en primer lugar el desconocimiento de los beneficios y funcionamiento que tiene la Ley de Segunda Oportunidad, en un segundo punto el hecho de que solo se exoneren en las deudas públicas con un valor de hasta 10.000 euros lo que constituye un gran impedimento. 

En tercer lugar se encuentra el coste que supone acogerse a la ley, ya que aunque no existe un mínimo de deuda solicitado a los interesados en acogerse, de acuerdo a los expertos si las deudas no suman al menos 10.000 euros no vale la pena acogerse ya que los gastos del proceso pueden oscilar entre los 3.000 y los 5.000 euros. 

¿Cómo se podría simplificar el trámite de la ley de segunda oportunidad para hacerlo más accesible?

Para simplificar el trámite de la Ley de Segunda Oportunidad se recomienda disminuir los requisitos, sobre todo los ligados al valor de deuda pública que se puede condonar, de igual manera muchos expertos han hecho hincapié en las falencias del uso generalizado de la Ley de Segunda Oportunidad para todos los ciudadanos, asegurando que todavía hace falta más pedagogía sobre los beneficios que esta aporta a las personas y autónomos. 

Reducir las etapas de la ley de Segunda Oportunidad podría a su vez disminuir los costes de la misma, haciendo que las personas que no tengan deudas que superen los 10.000 euros puedan acogerse sin el temor de que el valor de inversión para el proceso sea demasiado alto en comparación con los beneficios. 

¿Cómo afecta la falta de recursos judiciales al correcto funcionamiento de la Ley de Segunda Oportunidad?

La falta de recursos judiciales afecta enormemente el funcionamiento de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que en medio del proceso la intervención de los jueces, y los tribunales es vital para poder llevar a cabo el perdón de las deudas, el proceso concursal o la aplicación del plan de pagos. 

Entre las muchas consecuencias de la escasez de los recursos judiciales está el retraso que implica la demora en los procesos de las personas que se acogen, y con esto la falta de agilidad en procesos que en un inicio deben durar poco, aunque en promedio la duración debe ser de 18 meses, cuando el deudor no tiene masa, y las deudas son pocas y de bajo monto se espera que el proceso sea mucho más corto. 

Por lo cual, la demora en estos a su vez incrementa los costes para la persona o autónomo que se haya acogido al proceso, pues en caso de contar con el apoyo de representación legal tendrá que pagar por más tiempo los honorarios de los mismos. 

La última afectación que queremos mencionar es la desmotivación que tendrán los solicitantes, pues al ver que el proceso se alarga y es complejo puede que el número de personas interesadas en acogerse disminuya. 

Incremento de solicitudes de segunda oportunidad al colapso judicial

Incremento de solicitudes de segunda oportunidad al colapso judicial en España

Como pudiste notarlo al inicio de este artículo la cantidad de personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad buscando una solución a sus deudas es mucha, son miles cada año, por esto el incremento de solicitantes ha generado el colapso en varios tribunales del país, eso se da sobre todo en Madrid, Cataluña y la Comunidad de Valencia.

Debido al sobrecargo, y el trabajo que esto implica se ha solicitado la simplificación del trámite para que las personas del común lo puedan realizar sin la necesidad de acudir a los juzgados. 

¿Qué propuestas han hecho los administradores concursales para reducir las dificultades en el uso de la ley?

El papel de los administradores concursales es fundamental en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, puesto que son los responsables de hacer la gestión del proceso concursal de acuerdo a la legislación, por esto ante el incremento de solicitantes y el colapso judicial han propuesto la simplificación del procedimiento para brindar una mayor accesibilidad y omitir en la medida de lo posible el papel de los juzgados. 

De igual manera los administradores concursales han propuesto que los informes sobre la situación financiera de los deudores, donde se incluyen los acreedores, el monto de las deudas, y el activo que se tenga, se pueda hacer de manera extrajudicial para que los magistrados intervengan en las cuestiones que sí deben realizarse por vías judiciales. 

Esto significaría, una reducción de plazos, la agilización de los procesos, la reducción de los costes y la facilitación del acceso a la ley a muchas más personas. 

Importancia de la documentación financiera del deudor en una segunda solicitud de exoneración

La reforma concursal modificó el plazo que tiene una persona o autónomo para volver a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad cambiando el plazo de diez años a uno de dos a cinco años, aunque en su momento algunos críticos mencionaron que esto podría dar entrada a abusos por parte de deudores reincidentes el tiempo que ha pasado desde la reforma no permite todavía determinar esto. 

Por esto en casos de reincidencia la documentación es bastante importante, pues se cree que en una segunda oportunidad los magistrados pueden ser más exigentes, examinando a fondo la documentación que el deudor brinda donde está la situación financiera, el patrimonio, las deudas, entre otros, para evitar que sea abusivo.  

En conclusión, las trabas para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son: que las deudas públicas solo se pueden exonerar hasta los 10.000 euros, los costes que implica realizar el proceso que pueden ir desde los 3.500 euros y los 5.000, y el valor que debe tener las deudas que dada la inversión que debe hacerse en el proceso se aconseja que no sea menor a los 10.000 euros. 
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