El impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) es uno de los gravámenes indirectos más conocidos en España. Se aplica a una variedad de documentos que requieren una formalización oficial, incluyendo aquellos que son notariales, mercantiles y administrativos. Su principal objetivo es gravar ciertos actos jurídicos que se documentan, especialmente aquellos que generan derechos y obligaciones. Es una figura tributaria que lleva años presente en el sistema fiscal español y que, aunque suele pasar desapercibida en la mayoría de las transacciones, cobra especial relevancia en operaciones como la compra de vivienda.
Por otro lado, es esencial tener en cuenta que este impuesto tiene una naturaleza mixta, ya que combina elementos propios de los impuestos sobre el patrimonio con los impuestos sobre el consumo. Esto significa que, aunque grava una manifestación de riqueza, como es el caso de la adquisición de una vivienda, también tiene en cuenta la capacidad económica de la persona que realiza el acto o adquiere el bien.
¿Quién paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados?
Tradicionalmente, la persona o entidad que se beneficia del acto jurídico documentado es quien se encarga de pagar este impuesto. Sin embargo, en casos concretos como el de las hipotecas, la cuestión de quién debe pagar el AJD ha sido motivo de controversia en España durante años. Aunque históricamente era el cliente quien asumía este coste, en 2018, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que debía ser la entidad bancaria la que se hiciera cargo de este gasto. Esta decisión cambió la normativa previa y repercutió en la forma en que se gestionaban los gastos hipotecarios.
Es por ello que, a día de hoy, aunque el cliente solía ser el encargado de abonar este impuesto en la mayoría de las operaciones, existen excepciones. Es fundamental consultar con profesionales o con la entidad financiera en cuestión para tener claridad sobre quién debe hacer frente al AJD en cada situación.
¿Qué porcentaje se paga por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados?
Debemos comentar que el porcentaje a abonar por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados varía según la comunidad autónoma en la que se realice el acto o se adquiera el bien en cuestión. En España, las competencias en materia de AJD están cedidas a las comunidades autónomas, lo que significa que cada una de ellas puede establecer su propio tipo impositivo dentro de unos límites fijados por el Estado.
En general, el tipo aplicable suele oscilar entre el 0,5% y el 1,5% del valor del acto jurídico documentado, aunque hay que reiterar que este porcentaje puede variar. Es aconsejable, antes de realizar cualquier operación, informarse del tipo exacto que se aplica en la comunidad autónoma correspondiente para evitar sorpresas.
Cómo se calcula el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
Para el cálculo del AJD es necesario identificar primero la base imponible del impuesto, que normalmente será el valor del bien o el importe del acto jurídico que se documenta. Una vez determinada esta base, se le aplica el tipo impositivo correspondiente a la comunidad autónoma en la que se encuentre el bien o donde se realice el acto.
Por ejemplo, en el caso de la firma de una hipoteca, la base imponible será la responsabilidad hipotecaria, que engloba tanto el capital prestado como los intereses, comisiones y otros gastos asociados. Si consideramos que en una comunidad autónoma el AJD es del 1,5% y la responsabilidad hipotecaria asciende a 200.000 euros, el impuesto a pagar sería de 3.000 euros.
Debemos recordar que, debido a las variaciones entre comunidades autónomas y a las particularidades de cada operación, siempre es recomendable acudir a un experto o consultar las normativas locales para obtener un cálculo preciso.
No te quedes con dudas, contáctanos y resolveremos cualquiera de tus interrogantes.
